La Justicia Federal investigará por lavado de activos y presuntos ilícitos tributarios a Darío Gerardo Ovejero, el abogado tucumano denunciado por una estafa con azúcar por más de $740 millones. En una resolución judicial se ordenó el levantamiento de los secretos bancario, financiero, fiscal y bursátil con el objetivo de determinar el origen y destino de los fondos captados por el denunciado y el funcionamiento de las empresas que estarían involucradas.
El escandaloso caso salió a la luz luego de que nueve personas se presentaran en el tribunal penal para denunciar que, persuadidas por Ovejero, habían realizado inversiones vinculadas con operaciones de compra y venta de azúcar a gran escala y no recibieron el dinero prometido. El legajo fue tramitado en primera instancia en la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I que dirige Diego López Ávila.
“Mi hijo no es un delincuente”: el rol de la madre de Ovejero en la causa de la estafa por más de $740 millonesModus operandi
De acuerdo a las declaraciones de los damnificados, Ovejero habría estructurado un esquema sistemático y habitual de captación de fondos de terceros realizando falsas promesas comerciales. Para generar confianza en los damnificados, se presentaba como un operador dedicado a la compra, venta y exportación de azúcar, y alegaba tener importantes contactos dentro del ámbito azucarero gracias al empleo de su padre en control de calidad, lo que supuestamente le permitía conseguir el producto por debajo del valor de mercado.
Bajo esta fachada comercial, les habría ofrecido rendimientos mensuales fijos de entre el 10% y el 15% de interés (en pesos y dólares) del capital invertido, formalizados con pagarés, contratos de mutuo, recibos y refinanciaciones. De esta forma consiguió inversiones millonarias, algunas de ellas valuadas en $168.000.000, $48.000.000 y U$D 100.000.
Para mantener su mentira les habría cumplido con el pago de las primeras cuotas empleando el esquema Ponzi, es decir utilizando los fondos de nuevos inversores. Cuando los damnificados comenzaron a exigir las cuotas restantes habría entregado como garantía formularios 08 de una camioneta Honda CRV y un Citroën C3, que tenían irregularidades registrales. También habría utilizado a las empresas El Marqués SAS, Bellamar Estancias SA, Miyagi SA y Food Trading Dos SAS (de la cual sería socio y representante legal) para librar cheques sin fondos, con orden de no pago o apócrifos.
Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucareroLuego de seis meses de investigación, López Ávila solicitó que se declare la incompetencia del Ministerio Público Fiscal al considerar que se podrían haber cometido delitos más graves, como lavado de activos, intermediación financiera sin autorización, ilícitos tributarios e infracciones al Régimen Penal Cambiario. El juez Guido Cattáneo aceptó el planteo del fiscal y exhortó a la Justicia Federal a intervenir en la causa.
Competencia federal
Finalmente el legajo quedó en manos de la Fiscalía Federal N°1. La primera medida fue requerir el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Ovejero y las personas jurídicas de las empresas mencionadas para lograr la trazabilidad del dinero y determinar si los fondos están en cuentas de Ovejero, de sus empresas satélites, si fueron retirados en efectivo o desviados a billeteras virtuales y agentes bursátiles para ser lavados. El martes el Juzgado Federal N°3 al mando de José Manuel Díaz Vélez, presentó una resolución en la cual se aprobaba el pedido de la Fiscalía.
Presunta estafa con azúcar: cuál es la postura del abogado del denunciadoEl magistrado ordenó el levantamiento del secreto bancario con el fin de que el Banco Central de la República Argentina le solicite a las entidades financieras que operan bajo su órbita detalles sobre cuentas, plazos fijos, cajas de seguridad, transferencias, Reportes de Operaciones Sospechosas, legajos de clientes y movimientos de Ovejero y de las firmas Food Trading Dos SA., Miyagi SA, El Marqués SAS y Bellamar Estancias SA.
También le ordenó a COELSA información detallada de cuentas y movimientos en bancos y plataformas virtuales sobre el señalado y las empresas vinculadas. En tercer lugar le solicitó a la Comisión Nacional de Valores información sobre operaciones de las sociedades y que consulte a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales sobre transacciones con criptomonedas o billeteras virtuales de los implicados. Por último ordenó el levantamiento del secreto financiero y libró un oficio a la Unidad de Información Financiera para que aporte Reportes de Operaciones Sospechosas, Reportes Sistemáticos Mensuales y datos sobre el uso de criptoactivos.
Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafaCon esta información, el MPF podría determinar el origen y destino de los fondos captados por Ovejero, el funcionamiento de las sociedades comerciales involucradas, los movimientos bancarios y financieros realizados por el denunciado, la eventual existencia de una estructura organizada, la posible participación de otras personas y la trazabilidad patrimonial de bienes y activos.